
=GRAN DILEMA=
Dice un dicho que la “culpa no la tiene el indio, sino quien lo hizo compadre”, el cual se aplica de manera perfecta al intento de incrementarse los salarios de los consejeros nacionales del Instituto Federal Electoral.
Las críticas de diputados y otros actores políticos no se hicieron esperar, ya que los consejeros ganarían más que un diputado o un senador de la República, alrededor de 220 mil pesos mensuales en un país de casi 50 millones de personas jodidas ¿envidia?
El asunto, sin embargo, es de fondo. La misma Constitución mexicana en el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 41 establece que los consejeros del IFE recibirán una retribución similar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.
Aquí surgen dos preguntas: primero, si los diputados no querían que los consejeros del IFE ganaran tanto, ¿para qué aprobaron en la Constitución que su ingreso se homologara al de un magistrado de la Suprema Corte? Y segundo, ¿es justo que un magistrado de la Suprema Corte de Justicia gane tanto?
Honestamente, debemos ponernos a pensar ¿cuáles son las retribuciones justas que deben tener los servidores públicos de alto nivel en nuestro país?, incluyendo la del Presidente de la República, y en razón de ello ¿cuál es la productividad que deben tener estas personas para justificar dicho ingreso?
Es claro que la nación no tiene la solvencia necesaria para estar manteniendo a parásitos ejecutivos, legislativos y judiciales que no cumplen con su deber, pero en el caso de los que son honestos y trabajadores ¿también los debemos castigar por los que no cumplen?Debemos encontrar un mecanismo de seguimiento y evaluación del trabajo que realizan los servidores públicos de alto nivel, que nos brinde la información sobre cuánto deben ganar en razón de diversos aspectos: 1) El tipo de cargo, si es de elección o designación; 2) las responsabilidades legales que tiene el cargo; 3) el personal subordinado al servidor público; 4) el impacto de su función para el municipio, la entidad o el Estado federal.
El problema de fondo, en un país que pretende fortalecer su Estado de Derecho, es: ¿deben o no cumplir los consejeros el mandato de la Constitución que les impone ganen como un magistrado de la Suprema Corte de Justicia? Si no lo hacen, violarían la Constitución, y si lo hacen, la opinión pública los despedazará, sobre todo en contexto de crisis económica.
Ser o no ser… respetuosos de la Constitución, ¡he ahí el dilema!